Si bien la actual normativa es poco amigable, dijo, la finalidad de la ley es que se termine la obra para que la población la disfrute; igualmente privilegia la gestión por resultados, remarcó.

Por tanto, “hay que recordar a las partes que ese debe ser su ámbito de acción”, sostuvo en una clara recomendación a la Junta de Resolución de Disputas, mecanismo que debe estar instalado desde el inicio de las obras previniendo controversias.

También consideró importante realizar los cambios pertinentes para que el adjudicador de obra tenga acceso desde el inicio al cuaderno de obra digital y con ello pueda dar seguimiento al día a día entre la entidad y el contratista. De tal manera, que si es necesario, se pueda convocar a reunión extraordinaria para zanjar cualquier problema que pudiera empezar surgir.

Tanto la entidad como el contratista deben actuar con más celeridad en sus acciones y no esperar el último día del plazo para cualquier petición. También los adjudicadores no deben esperar el límite para la audiencia oral, recomendó.

Si la JRD reemplaza con éxito al arbitraje, en realidad hay que dar mayor valor a este sistema siendo más céleres para que la población tenga la infraestructura que le hace falta, puntualizó.